Fuente: Cofradia Concursalista

¿Puede atribuirse responsabilidad a las sociedades que integran un "grupo" con fundamento en la "abrumadora publicidad" que muestra a una de ellas integrándolo?

Por Oscar Alfredo García [1]

"En países que poseen una vasta tradición jurídica la personalidad diferenciada no constituye obstáculo alguno para responsabilizar a los controlantes (casas matrices) y condenarlos al resarcimiento de los perjuicios causados. Más allá de tratarse de supuestos distintos en orden a los hechos generadores de responsabilidad, se ha señalado que "Las grandes catástrofes internacionales en materia de contaminación o de responsabilidad de los fabricantes muestran como acusados a los poderosos holdings industriales, mientras que el análisis muestra que los accidentes generadores de daños considerables son ocasionados frecuentemente en filiales jurídicamente distintas, situadas en países extranjeros. Ahora bien, a pesar de la personalidad distinta de las filiales autoras de los daños, generalmente ha sido sostenida la responsabilidad de las sociedades madres. Citemos a título de ejemplo, el accidente de Seveso en Italia, en julio de 1976, en el cual la emisión de dioxina contaminó 1.800 hectáreas, afectó a más de 37.000 personas de las cuales 735 fueron evacuadas y 197 sufrieron erupciones cutáneas, aunque sin causar ningún deceso: los daños a terceros (indemnización a personas, empresas, comunidades de la región de Lombardía) han costado más de trescientos millones de francos suizos a la firma Hoffman-Laroche, sociedad madre suiza. Señalamos la catástrofe ejemplar de Amoco-Cádiz en 1978 a lo largo de las costas de Bretaña: más allá del armador liberiano, de los pabellones de complacencia y de las filiales pantalla, el juez Franck McGarr, el 19 de abril de 1984, decidió la responsabilidad de la Standard-Oil de Indiana" (Lambert-Faivre, Ivonne; "La evolución de la responsabilidad civil de una deuda de responsabilidad a un crédito de indemnización", en "Derecho de Daños", Alterini, Atilio A. y López Cabana, Rober M., Editorial La Ley, Buenos Aires, 1992, página XXVIII, punto ß, traducción de Eliana A. Núñez del artículo publicado en Revue trimestrielle de Droit Civil, París, 1987-I-1)."
Pocos días atrás entregamos, para su publicación en una revista jurídica especializada, un breve trabajo que titulamos "Grupo de Sociedades: Apariencia. Exteriorización (Publicidad). Responsabilidad". La edición del día miércoles 12 de junio de 2002 del diario "La Nación" (Sección Economía) nos sorprende con una nota firmada por su corresponsal en España, Silvia Pisani, en la que se informa que una Jueza de aquel país acogió - en el sentido de admitir su competencia y dar curso inicial a la petición - una presentación de ahorristas argentinos cuya pretensión consiste en que se declare la responsabilidad del "banco más poderoso de España", esgrimiendo como fundamento "haber publicitado una relación bancaria con la entidad argentina, de la que ahora pretenden - según dicha presentación - desentenderse". El banco argentino habría sido presentado ante la CNV de España como "una de las marcas del Grupo...". Se agrega que "la abrumadora publicidad" del banco local "como entidad integrada al Grupo... llevó a que miles de ahorristas le confiaran sus depósitos convencidos de que los amparaba una entidad española con años de trayectoria y una de las más importantes del mundo". Se trata de una nota consistente por la información que aporta, que transcribimos parcialmente, colocando el acento en lo que interesa a éste comentario.

En aquel trabajo nos habíamos pronunciado en forma general sobre esta cuestión. Sin embargo, los fundamentos que allí se expusieron son perfectamente aplicables a la situación que describe la nota. Volveremos entonces brevemente sobre ellos, con el agregado de otros que atañen específicamente a la actividad bancaria y financiera.

Concluíamos allí que el dogma de la personalidad diferenciada cede si quién pretende prevalerse de él contradice una conducta propia, anterior, jurídicamente relevante por haber defraudado la confianza que los terceros depositaron en la "apariencia" de responsabilidad asumida públicamente y que en esta hipótesis quedaba comprendida la exposición pública de una sociedad como perteneciente a un "grupo" en la medida que induzca una razonable expectativa de respaldo por parte de las sociedades que se exponen como integrando el mismo; o cuando, en la misma situación, se genere una fundada apariencia de solvencia técnica, económica, financiera o determinada idoneidad, con el fin de influir en las decisiones de los agentes del mercado y de los consumidores de bienes y servicios. Apuntamos que esa responsabilidad sólo alcanza a las sociedades que exteriorizaron su pertenencia al grupo; le adjudicamos naturaleza extra-contractual, de atribución objetiva, fundándola en el ordenamiento común y en las normas protectorias del consumidor, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades típicamente societarias, (vgr., LS: 54, 2º párrafo, "inoponibilidad de la personalidad jurídica").

Así entendido el problema, no se trata de "desestimar la personalidad", de declararla "inoponible". Muy por el contrario, la personalidad diferenciada no es puesta en crisis: simplemente se valora una causa de atribución de responsabilidad (se prescinde del término "imputación" por la connotación subjetiva que lo subyace) distinta e independiente. La cuestión finca en determinar si este tipo de actuación constituye un factor de adicional para atribuir responsabilidad como consecuencia de determinada conducta.

En ese marco, la "causa" de la atribución de responsabilidad arraiga en la introducción de una oferta "en base a la apariencia" y "la aceptación basada en la confianza" [2]. Se señaló que la publicidad opera como un poderoso medio de inducción en la toma de decisiones del consumidor; proceso que se inicia con la búsqueda de información, continúa con su posterior evaluación y culmina con la decisión misma. En la búsqueda de información, la publicidad asume un papel central, que se proyecta y prolonga en la evaluación posterior, ya que la existencia misma del producto o servicio y sus atributos son habitualmente expuestos a través de aquella y la imagen que se proyecta. El contenido de la publicidad, especialmente cuando encierra un "mensaje a la razón" (vgr. apunta a exponer determinada idoneidad y solvencia) guarda estrecha relación causal con la decisión que adopta el consumidor [3]. Esto se explica ya que el consumidor actual se enfrenta a relaciones altamente complejas, por lo que actúa sobre la base de un "conocimiento inductivo débil", puesto que "si tuviera que verificar razonablemente cada acto (agregamos: y la veracidad de la información que se le proporciona), sería imposible vivir y los costos de transacción serían altísimos" [4]. Por último, el empresario actual "no espera la oferta del cliente, sino que trata de inducirla mediante la publicidad, el uso de símbolos (la exposición de pertenencia a determinado "grupo de sociedades" es uno de ellos) y otros procedimientos destinados a la creación de deseo" [5] y a influir y determinar la decisión final. La reputación de la empresa puede variar conforme se integre o no a determinado "grupo". En términos publicitarios la cuestión hace al "reconocimiento", esto es, ser visto y recordado por el potencial consumidor con un valor agregado al producto o servicio que se ofrece.

Reviste hoy particular importancia la exposición pública de la inserción de determinada sociedad en el seno de un "grupo", con el fin de posicionar a la misma, aparentar solvencia y respaldo y, a partir de allí, generar confianza en la contratación, influyendo de ese modo en el proceso de toma de decisiones de otro agente del mercado, de los usuarios y consumidores. Es por esta razón que en la pasada década se publicitó a sociedades que actuaban en el mercado local como perteneciendo o integrando "grupos" individualizados, con el objeto de mejorar su posicionamiento, demostrar solvencia patrimonial y técnica y "las bondades fundamentales de los capitales foráneos (que) radicaban, entre otras, en su poder de garantía... El poderío patrimonial y la solvencia de las casas matrices eran la piedra de toque de esa seguridad que se ofrecía y que era tanto mayor porque se generaba fuera de nuestras fronteras" [6]. En este sentido, el grupo de pertenencia aparece como una verdadera "marca" y la experiencia enseña que es más que frecuente que los productos o servicios sean identificados por una marca, con el apoyo de otra que se utiliza como matriz o referente.

Esto es lo que habría ocurrido, a tenor de lo publicado, con el "grupo" que se menciona en la nota periodística que motiva este comentario, a poco que se observe el contenido de la publicidad que se muestra en la misma: las palabras "seguridad" y "respaldo" aparecen con gran relieve; se predica de ellas que son "la mejor combinación", calificación que se hace extensiva a la sociedad que ofrece los servicios financieros vinculándola al "grupo" de sociedades que integra, el que opera como una verdadera "marca".

La información sostiene que la demanda hace hincapié en estos aspectos y transcribe algunos párrafos de la misma que son los que se insertan en el inicio de este comentario.

En este sentido se tiene dicho que cuando la influencia de la dominante "es conocida, cuando tiene estado público y el tercero contrata con la sociedad dependiente, por esa causa puede confiar en su influencia", en la medida que "...el tercero razonablemente las interprete como suficientes para confiar, ya sea en la solvencia de la sociedad con la que contrata, ya sea en el respaldo o en la responsabilidad del grupo" [7].
La respuesta que se pretenda dar al problema resumido en el título de este comentario no puede dejar de considerar la evolución de los principios responsabilizatorios, que ponen claramente hoy el acento en la víctima y en la efectiva reparación del perjuicio, más que en el victimario. El tránsito que va desde la imputación subjetiva, basada en la actuación culposa o dolosa del agente, a la atribución objetiva de responsabilidad, consolidada en la dogmática jurídica actual, así lo amerita. La puesta en crisis de la noción misma de autoría [8] (imputatio facti) como presupuesto atributivo de responsabilidad en la órbita civil, es otra muestra de la adaptación del "derecho de daños" a la necesidad de dar respuesta a la alta complejidad que asumen actualmente las relaciones sociales. La pluralidad creciente de factores atributivos se inscribe en esa línea de pensamiento; la legislación, las decisiones de los tribunales y la doctrina científica tratan de aprehender todos los supuestos de dañosidad postulando su condigna reparación. No se trata de una regla única, sino de tantas (garantía, apariencia, buena fe, la equidad [9], etc.) como situaciones jurídicas corresponda resolver, teniendo siempre en miras el resarcimiento de la víctima [10]. En todo caso, la regla está dada por el derecho de quién soporta el daño a obtener su reparación. La responsabilidad de las personas jurídicas por los daños que causen quienes las dirijan o administren "en ocasión de sus funciones" es otro avance más en el espectro de situaciones que obligan a determinados sujetos a la reparación del daño. Por último, se admite hoy que "la obligación de reparación del daño causado comprende tanto el derivado de los actos ilícitos como igualmente de los actos lícitos" [11].

Súmese a ello que tiene sustento constitucional el principio que, enunciado positivamente, reconoce el derecho a no sufrir menoscabo o perjuicio por la acción o el ejercicio de las actividades de otro; principio que, expresado por la negativa, puede ser expuesto en los términos del artículo 1109 del Código Civil: todo aquel que ocasiona un daño a otro está obligado a la reparación del perjuicio. Así lo declaró la CSJN en "Santa Coloma, Luis I. y otros c/ Ferrocarriles Argentinos" y "Fernando Raúl Günther c/ Nación Argentina". El Consejo Constitucional francés se pronunció en igual sentido con relación al artículo 1382 del C.Civil, análogo a nuestro artículo 1109 [12].

El entramado normativo se completa además con la Ley 24.240 que establece que toda información que se proporcione a los consumidores y usuarios debe responder a los principios de certeza, objetividad y veracidad, quedando obligado el oferente por las precisiones formuladas en la publicidad, cualquiera haya sido el medio elegido, las que se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor, obligando al oferente a respetar los términos y modalidades conforme las cuales hayan sido ofrecidos y publicitados los servicios, incluidos los prestados por profesionales liberales. La Ley 25.156 que veda las prácticas que tiendan a falsear o distorsionar la competencia, entre las que cabe incluir la exposición de una sociedad como perteneciente a un grupo cuando se lo hace bajo el presupuesto de no afrontar ninguna responsabilidad ante los eventuales incumplimientos de la misma, con el argumento de la existencia de personalidades diferenciadas. La Ley Nº 22.802 que prohíbe consignar en la publicidad cualquier información que pueda inducir a error, engaño o confusión al consumidor de bienes o servicios. Estas normas reconocen la importancia de la publicidad como medio para proporcionar información al consumidor, la que deberá ser veraz, evitando generar una apariencia que, en la evaluación de las alternativas, pueda inducir a error.

Estos principios alcanzan y comprenden a la actividad financiera, como claramente ha sido ya demostrado (Stiglitz, Rubén S; "Defensa del Consumidor: Los Servicios Bancarios y Financieros", LL, Tº 1998-C, Sección Doctrina, página 1035 y siguientes, especialmente, página 1048, punto XXI).

Aun más, el agravamiento de la responsabilidad en tales supuestos tiene sólido fundamento normativo a poco que se observe que con relación a la actividad bancaria se ha destacado el carácter profesional que deriva de su ejercicio (Garrigues, "Contratos Bancarios", 2ª Edición, página 11; Ripert, "Tratado Elemental de Derecho Comercial", Tº III, página 309) en la medida que el banco es colector de fondos públicos y el interés general exige que los servicios que presta funcionen responsable y adecuadamente, pues los consumidores descuentan su profesionalidad. De tal modo, la conducta esperable del Banco no puede apreciarse con los parámetros exigibles a un lego, sino conforme el standard de responsabilidad agravada que el profesional de una hacienda especializada tiene frente al usuario (artículos 902, 909 y concordantes del Código Civil [13].

En definitiva, las sociedades que prestaron su nombre para generar la apariencia de "solvencia" y "respaldo" deberán responder por los pasivos de la incumpliente, a pesar de la personalidad jurídica diferenciada.

Carece de sustento lógico y apoyo normativo que, luego de generar la apariencia de garantía, se la pretenda desconocer bajo el argumento de que se trata de sujetos diferenciados. Justamente ello debe ser necesariamente así, en tanto sólo se puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones de terceros, ya que la garantía por las propias resulta del principio de la unidad del patrimonio. Tal conducta tipifica un incumplimiento objetivo de las pautas a las que se ha hecho mención y las que resultan de los artículos 902, 909 [14], 1071, 1109, 1198 y concordantes del Código Civil. Es evidente que la sociedad o sociedades involucradas han prestado su concurso y, al menos, su consentimiento tácito con dicha actuación ya que con su inacción o silencio la han convalidado por no haberla impedido cuando se encontraban en aptitud de hacerlo [15]. Esta conducta importa una forma de consentimiento tácito (arg. artículo 1874, C.Civil) y deviene antijurídica, pues infringe el deber "implícitamente reconocido en la obligación general que se tiene de obrar con prudencia para no dañar a otro" [16].

En este orden de ideas se ha señalado, con absoluta claridad que, "cuando una sociedad dominante se presenta frente al tercero que realiza negocios con la sociedad subsidiaria como si garantizase las obligaciones de ésta última, y el tercero confía en esta situación en su detrimento", la dominante "se ve imposibilitada (estoppel) de alegar la separación entre ambas". [17]

"La confianza es un bien jurídico protegido por el ordenamiento", de suerte tal que "en el derecho del consumo, se postula responsabilidad extra-contractual por violación de la confianza, tanto en la responsabilidad por productos, como de servicios, como en el plano de la publicidad inductiva". Además, "como principio jurídico y regla hermenéutica significa que se da primacía a lo objetivamente declarado, porque se protegen las expectativas creadas y a quien confió en ellas". Más aún, "por sobre el nivel que establece la confianza genérica descripta en el punto anterior hay una confianza especial... la confianza es aquí un presupuesto para la celebración del negocio: yo no dejaría en depósito mi dinero sino confiara en las condiciones personales del depositario" [18]. Paralelamente, "la protección de la apariencia es un principio jurídico que como tal puede ser extendido fuera de los casos legalmente previstos. Para ello es necesario una situación de hecho que por su notoriedad sea objetivamente idónea para llevar a engaño a los terceros acerca del estado real de aquella... quién crea una apariencia se hace prisionero de ella". La seguridad jurídica, como expectativa de cumplimiento, autoriza a imputar obligaciones allí donde el sujeto no las estableció expresamente [19].

No constituye obstáculo para ello el dogma de la personalidad diferenciada. La personalidad diferenciada que la ley atribuye al recurso técnico "sociedad comercial" se ha erigido, en estas latitudes, en un verdadero dogma, en un principio "innegable" de la disciplina jurídica, casi en una "verdad revelada", malgrado el correcto y adecuado encuadre que de la misma se ha hecho en la Exposición de Motivos que acompañó tanto a la Ley 19.550 como a la Ley 22.903, cuya atenta lectura, en este y otros aspectos vuelve a ser hoy harto provechosa.

Su interpretación y sus alcances se atienen a principios dogmáticos, que se toman como verdades inconcusas, ciertas, que no dan lugar a dudas, atentando contra una adecuada aplicación del método de análisis científico. Como se señaló, muy distinta es la actitud de la doctrina dentro del denominado "derecho de daños", campo en el que se realizan permanentes avances y adaptaciones, desechando dogmas que conducen a la cristalización del derecho. Estos esfuerzos son permanentemente acompañados por la jurisprudencia (vid en tal sentido, SC de Buenos Aires, "Castillo, Julio David c/ Estado de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios", ED, diario del 11/06/02, página 1 y siguientes, con nota de Emilio A. Ibarlucía).

En países que poseen una vasta tradición jurídica la personalidad diferenciada no constituye obstáculo alguno para responsabilizar a los controlantes (casas matrices) y condenarlos al resarcimiento de los perjuicios causados. Más allá de tratarse de supuestos distintos en orden a los hechos generadores de responsabilidad, se ha señalado que "Las grandes catástrofes internacionales en materia de contaminación o de responsabilidad de los fabricantes muestran como acusados a los poderosos holdings industriales, mientras que el análisis muestra que los accidentes generadores de daños considerables son ocasionados frecuentemente en filiales jurídicamente distintas, situadas en países extranjeros. Ahora bien, a pesar de la personalidad distinta de las filiales autoras de los daños, generalmente ha sido sostenida la responsabilidad de las sociedades madres. Citemos a título de ejemplo, el accidente de Seveso en Italia, en julio de 1976, en el cual la emisión de dioxina contaminó 1.800 hectáreas, afectó a más de 37.000 personas de las cuales 735 fueron evacuadas y 197 sufrieron erupciones cutáneas, aunque sin causar ningún deceso: los daños a terceros (indemnización a personas, empresas, comunidades de la región de Lombardía) han costado más de trescientos millones de francos suizos a la firma Hoffman-Laroche, sociedad madre suiza. Señalamos la catástrofe ejemplar de Amoco-Cádiz en 1978 a lo largo de las costas de Bretaña: más allá del armador liberiano, de los pabellones de complacencia y de las filiales pantalla, el juez Franck McGarr, el 19 de abril de 1984, decidió la responsabilidad de la Standard-Oil de Indiana" (Lambert-Faivre, Ivonne; "La evolución de la responsabilidad civil de una deuda de responsabilidad a un crédito de indemnización", en "Derecho de Daños", Alterini, Atilio A. y López Cabana, Rober M., Editorial La Ley, Buenos Aires, 1992, página XXVIII, punto ß, traducción de Eliana A. Núñez del artículo publicado en Revue trimestrielle de Droit Civil, París, 1987-I-1).

En el derecho anglosajón el hecho aparentado resulta verdadero y quién dio lugar a la apariencia, al no poder negarlo, deberá contentase con ver probado ese hecho aparentado, aún cuando no hubiera sido real. Desde la óptica de aquel que pretende alegar que esa apariencia no se corresponde con la realidad, se ve impedido de hacerlo, aun cuando el hecho resulte relevante a los fines de la decisión final del juicio, en la medida que se convierte en una prueba inadmisible dentro del proceso. En el análisis que nos ocupa, la personalidad diferenciada de los sujetos no constituirá un hecho cuya prueba se admita (estoppel) como defensa para contradecir una apariencia que resulta de una conducta propia ("estopell by conduct"). Se "genera la prohibición de alegar o negar ciertos hechos en razón de una anterior conducta que resulta contradictoria con la actual afirmación. En el caso inglés de "Pickard v. Sears" se estableció que el "estoppel" puede ser utilizado siempre que una parte por medio de sus dichos o su conducta haya motivado voluntariamente a otra para creer en la existencia de cierto estado de cosas y le haya inducido a actuar sobre tal base" [20]. Soluciones similares se encuentran, profusamente, en el derecho americano.

Debe computarse además que la tendencia actual en el derecho continental europeo, si bien tiende a convalidar la actuación grupal [21], impone a la dominante, bajo determinadas circunstancias, graves responsabilidades con relación a la sociedad controlada, socios externos al grupo de control y, en lo que aquí interesa, frente a terceros [22].

Sólo aquí el dogma de la personalidad diferenciada campea con una solidez impropia del análisis científico y lo que es peor aun, impensada para un país claramente dependiente, que debe soportar hoy que la mayoría de las decisiones empresarias que afectan a las áreas más sensibles de su economía (finanzas, comunicaciones, energía, transporte, etc.) se adopten fuera de sus fronteras.

 

 


[1] Abogado. Master en Derecho Empresario. Jefe de Trabajos Prácticos de la U.B.A. Miembro del Instituto de Derecho Comercial de la U.N.A., del Instituto de Derecho de la Empresa de la U. Austral y del Instituto de Derecho Empresario de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas. Socio del Estudio "Arauz Castex, Bargalló Beade, Sánchez Clariá, García & Punte".
[2] Las expresiones entrecomilladas han sido tomadas del estudio del Prof. Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, La Ley, Tº 2000-D, Sección Doctrina, páginas 1155 y siguientes.
[3] Sobre estos conceptos, especialmente Kofler, Philip y Armstrong, Gary, "Mercadotecnia", Editorial Prentice, 6º Edición, México, 1996, páginas 194 y siguientes y 558.
[4] Lorenzetti, Juan Carlos; trabajo citado en la nota 6, página 1157. En la exposición del tema central se ha tenido particularmente en cuenta este estudio, cuya lectura, por su profundidad y rigor científico se impone como necesidad, más allá de las citas expresas que se hacen del mismo.
[5] Idem nota anterior, página 1157.
[6] Rossi, Hugo E., "Responsabilidad de la casa matriz por las obligaciones de la filial sustancialmente unipersonal", Doctrina Societaria y Concursal, ERREPAR, Nº 174, mayo 2002, página 103 y siguientes.
[7] Manóvil, Rafael Mariano; "Grupo de Sociedades en el Derecho Comparado", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, página 723, punto d), y siguiente, especialmente nota Nº 523 en página 724, cuya íntegra lectura se impone para tener una visión más acabada del problema.
[8] En este sentido, De Lorenzo, Miguel Federico; "Autoría e imputación en el ámbito contractual", LL, 1998-C, páginas 1215 y siguientes.
[9] Sobre este factor de atribución ver, especialmente, el reciente pronunciamiento de la SC de Buenos Aires en autos "Castillo, Julio David c/ Estado de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios", con comentario de Emilio A. Ibarlucía en ED, diario del 11/06/02, página 1 y siguientes.
[10] Lambert-Faivre, Ivonne; "La evolución de la responsabilidad civil de una deuda de responsabilidad a un crédito de indemnización", en "Derecho de Daños", Alterini, Atilio A. y López Cabana, Rober M., Editorial La Ley, Buenos Aires, 1992, traducción de Eliana A. Núñez del artículo publicado en Revue trimestrielle de Droit Civil, París, 1987-I-1.; Lorenzetti, Ricardo Luis; "La oferta...", LL, 2000-D, Doctrina, página 1168, b]. Messina de Estrella Gutierrez, "Función actual de la responsabilidad civil", en Derecho de Daños, La Rocca, páginas 37 y siguientes; Compagnucci de Caso, Rubén H., "Fundamentos de la Responsabilidad Civil: culpa y riesgo", misma obra, especialmente página 68 y siguientes; Stiglitz, Gabriel A.; "El riesgo de la empresa y el seguro social", misma obra, página 120 y siguientes; López Cabana, Roberto, "Nuevos daños jurídicos", "Derecho de Daños", La Ley, 1992, página 203 y siguientes.
[11] III Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, San Juan, 1986, Comisión IV.
[12] Sentencia citada por Graciela N. Messina de Estrella Gutiérrez, "Función actual de la responsabilidad civil", en Derecho de Daños, Ed. La Rocca, página 51, nota Nº 40.
[13] Ver, en este sentido y entre otros: CNComercial, Sala B, 31/10/97, "González, Mario Daniel c/ Banco Popular Argentino", idem, 01/08/91, "Programa de Salud S.A. c/ Bank of Credit and Comerse S.A.; idem 23/11/95, "Giacchino, Jorge c/ Machine and Man"; idem, 14/08/97, "Maqueira, Néstor y otro c/ Banco de Quilmes S.A."; idem, 24/11799, "Molinari, Antonio Felipe c/ Tarraubela Cía. Financiera S.A.; idem, "Lalin, Beatríz Liliana c/ Banco de Crédito Argentino S.A.".
[14] Especialmente con relación a aquellas actividades que exigen una profesionalidad consustancial que viene impuesta por las normas que la regulan.
[15] La afirmación no debe interpretarse como adscripción a la doctrina que sostiene que "para que la apariencia engañosa que determinó el error de un contratante pueda ser imputable a un tercero, debe probarse la culpabilidad de éste en la constitución de esas apariencias" (CN.Com., Sala B, ED, 6-625). Es opinable que pueda sostenerse hoy que la responsabilidad por apariencia generada por un determinado modo de actuar en el mercado, necesite que se satisfagan los requisitos de subjetividad en el agente como presupuesto para su atribución. En la responsabilidad derivada por haber generado determinada apariencia, debe prevalecer lo objetivamente declarado, porque el interés del tercero merece mayor protección desde el punto de vista de la justa ordenación de los intereses controvertidos, porque aun cuando colisionen intereses igualmente legítimos, lo cual es dudoso en la especie, habrá de otorgarse preferencia a los de mayor jerarquía.
[16] Mosset Iturraspe, Jorge, "Responsabilidad por daños", Tº I, página 29, Ediar, 1971.
[17] Boldó Roda, Carmen; "Levantamiento del Velo y Persona Jurídica en el Derecho Privado Español", Ed. Aranzadi, Revista de Derecho de Sociedades, Colección Monografías, Pamplona, España, 1996, página 166.
[18] Lorenzetti, trabajo citado en nota Nº 6, páginas 1159/1160.
[19] Idem nota anterior, página 1164.
[20] Las citas corresponden al Capítulo IX, páginas 265 y siguientes de la obra del Pof. Juan M. Dobson, "El abuso de la personalidad jurídica", Depalma, Buenos Aires, 1985.
[21] Así resulta de las recomendaciones del "Forum Europaem para un Derecho de Grupos", "Por un Derecho de los Grupos de Sociedades para Europa", Revista de Derecho Mercantil, Nº 232, abril/junio, 1999. Ver comentario al respecto del Prof. Rafael Mariano Manóvil, "La adopción de la Doctrina Rozenblum y otras propuestas del Forum Europaeum sobre Derecho de Grupos", en "Derechos Patrimoniales", Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, páginas 909 y siguientes.
[22] En Alemania mediante la compensación de las pérdidas propias del grupo contractual (§302 párrafo 1 AktG), en Francia por medio de la actino en comblement du passif, que también puede dirigirse contra el dirigeant de fait, en Inglaterra mediante el wrongful trading de la sociedad madre como shadow director y en Austria recurriendo a la Doctrina EUMIG. (vid: "Por un Derecho de los Grupos de Sociedades para Europa", Revista de Derecho Mercantil, Nº 232, abril/junio, 1999, página 477/478).

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