Walter Rubén Jesús Ton
Mendoza, Diciembre de 2001

DERECHO DE INTEGRACION

El caso que se va a analizar es el siguiente:

Con la prohibición del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Argentina objetó el ingreso de una partida de 75 mil litros de vino tinto paraguayo en virtud de que no cumplía con las normas técnicas que condicionan su liberación en el mercado.

El INV practicó análisis químicos que determinaron que el vino paraguayo no es apto para el consumo porque tiene una graduación alcohólica menor a la exigida. El importador argentino debe devolver el vino paraguayo a la brevedad. Si así no lo hace, la ley argentina de vinos faculta a la autoridad para que lo destile o desnaturalice

El vino paraguayo rechazado tenía una graduación alcohólica de 9,90 grados, nivel menor al mínimo requerido en Argentina para su consumo, que son 10,80 grados.

El INV señaló que el intenso color rojo del licor llamó la atención de los inspectores que determinaron un índice de 6.644 unidades, cuando el mínimo exigible para los vinos tintos es de 280 unidades y el promedio de un tinto de muy buen color es de 4.500 unidades, aunque aquel nivel de colorimetría no excedió los límites reglamentarios.

En 1973 entró en vigor la resolución 121 del INV que establece que "los productos vitivinícolas de importación deberán cumplir con los requisitos y límites de composición analítica exigidos para los productos similares de producción nacional establecidos en la ley 14.878 (de vinos) y normas complementarias.

Lo primero que haremos será comparar el caso con el Tratado de Asunción y la Constitución Nacional.

Veremos las fuentes del derecho en el Mercosur.

Siguiendo a Alejandro Freeland López Lecube podemos clasificar a las fuentes del derecho en el MERCOSUR en:

1.- normas de derecho originario o primario: son los Tratados constitutivos y aquellos que los han modificado o completado y,

2.- normas de derecho derivado o secundario son los actos normativos que emanan de las instituciones comunitarias y que tienen por fin cumplir con los objetivos del tratado.

Si nos centramos en el Tratado de Asunción debemos afirmar que el mismo forma parte del derecho originario del Mercosur.

Se estudian seguidamente los tres temas más importantes que se plantean en el problema de las relaciones entre el derecho interno de los estados y el derecho del Mercosur

a.- Aplicabilidad inmediata del Tratado de Asunción:

En virtud de que ha sido adoptado o incorporado a nuestro ordenamiento mediante la ley 23.981, es derecho vigente. Esto significa que es de aplicación obligatoria por nuestros órganos judiciales y administrativos, sin necesidad de ninguna otra medida de recepción o incorporación.

b.- Efecto directo del Tratado:

En este ítem nos preguntamos si las normas emanadas del tratado de Asunción pueden ser invocadas ante los jueces argentinos por los Estados miembros del Mercosur y por los particulares, lo que se llama "efecto directo".

Según el autor citado, " ...Para reconocer efectos directos a las normas del tratado, habrá que afirmar, ....que tendrán dicha virtualidad en tanto y en cuanto contengan un mandato claro, preciso e incondicionado de hacer o de no hacer determinada cosa".

Este es el punto clave en el análisis que estamos efectuando. A efectos de intentar solucionar el problema planteado, podemos trazar un paralelo entre el artículo 5 y 7 del Tratado de Asunción.

El caso que se ha propuesto para analizar encuadra en el artículo 5 que trata el tema de las restricciones no arancelarias. Y dice: "Durante el período de transición, los principales instrumentos para la constitución del Mercado Común serán: inciso a) Un programa de liberación comercial, que consistirá en rebajas arancelarias progresivas, lineales y automáticas, acompañadas de la eliminación de restricciones no arancelarias o medidas de efectos equivalentes.... b) La coordinación de políticas macroeconomicas que se realizará gradualmente y en forma convergente con los programas de desgravación arancelaria y de eliminación de restricciones no arancelarias sobre la totalidad del universo arancelario."

En cambio, el artículo 7 se ocupa de las restricciones arancelarias y dice "En materia de impuestos, tasas, y otros gravámenes internos, los productos originarios del territorio de un estado parte gozarán, en los otros estados partes, del mismo tratamiento que se aplique al producto nacional"

Para contestar a la pregunta de si un particular, por ejemplo el importador o el propietario de los vinos paraguayos podría invocar el artículo 5 del Tratado de Asunción para que se permita el ingreso y la posterior comercialización de sus vinos en la República Argentina, debemos analizar si esta norma contiene una obligación de hacer o de no hacer manifestada en términos claros y precisos. Si ello es así, podemos invocar esta norma, en virtud de que tendría "efecto directo".

Sin embargo el artículo 5 del Tratado de Asunción no contiene una obligación clara, precisa e incondicionada de hacer o de abstenerse, dirigida al Estado miembro, sino que en mi opinión se trata de que los Estados miembros inicien una adecuación progresiva de las políticas económicas. No es un mandato preciso que obligue al Estado miembro a eliminar cualquier restricción no arancelaria, sino que se tiende a que se llegue a una unificación de criterios y de políticas de una manera constante y progresiva.

No llegaríamos a la misma conclusión si nos planteáramos un caso que encuadrara en el artículo 7 del Tratado que dice claramente que en materia de gravámenes internos " los productos originarios del territorio de un estado parte, gozarán, en los otros estados partes, del mismo tratamiento que se aplique al producto nacional". Aquí la obligación es muy precisa "gozarán" y no se somete a ninguna condición, por lo que podemos concluir que tiene efecto directo.


c.- Primacía del tratado:

Después de la reforma constitucional del año 1.994 no cabe ninguna duda de su primacía sobre todo el ordenamiento interno argentino, exceptuado el constitucional. El artículo 75 de nuestra Constitución Nacional en su inciso 22 dice: "...Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.." y más claramente aún lo afirma el inciso 24 del mismo artículo cuando enumera entre las atribuciones del Congreso de la Nación: "...Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad..... Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes".

Prima Facie, podríamos afirmar que en virtud de que el Tratado de Asunción tiene jerarquía superior a las leyes, estaría en un nivel preeminente de la pirámide jurídica con respecto tanto a las resoluciones del INV y a la ley de vinos. De ello se desprendería que si un particular demandara el ingreso de los vinos a nuestro país invocando el artículo 5 del Tratado de Asunción debería hacerse lugar al pedido en virtud de la superioridad del Tratado.

Sin embargo, surgen algunas dudas ya que el artículo 42 de la Constitución Nacional expresa: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios."

Cuando dice " los consumidores y usuarios tienen derecho... a la protección de su salud" y " las autoridades proveerán a la protección de esos derechos", ¿no estaría el INV ejerciendo un derecho y un deber constitucional de velar por la salud de sus habitantes, determinando cual es la gradación alcohólica permitida para que un vino pueda ser consumido sin riesgo alguno para la población?. En este caso el "derecho a la Salud" es un derecho constitucional, y por tanto superior a cualquier norma del Tratado de Asunción. De ello se deriva que no puede ser dejada de lado con la excusa de cumplir con un tratado "supralegal".

La jurisprudencia argentina se ha pronunciado en tal sentido diciendo: "Con la reforma introducida en la C.N. en el año 1994, se ha dado reconocimiento expreso a los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en la relación de consumo, tales como el de protección a su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno; poniendo a cargo de las autoridades pertinentes la protección de los mismos". (Autos: "Defensoria del Pueblo de la Ciudad (Incidente Med.) c/E.N. Mº. E.I. y V. (Resols. 1006 1007/00) STN (Resol. 17 y 18/00) s/amparo proc. sumarísimo (art. 321 inc. 2 C.P.C.y C.)". 15/03/2001 C.NAC.CONT.ADM.FED. SALA V.

Asimismo, no debemos olvidar que la reforma constitucional del año 1994 otorga jerarquía constitucional a determinados tratados de derechos humanos que también se refieren al "derecho a la Salud". La Corte Suprema se ha pronunciado en este tema diciendo que: "A partir de la reforma constitucional de 1994, el derecho a la salud se encuentra expresamente reconocido con jerarquía constitucional en el art. 75 inc. 22" (En autos: Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social -Estado Nacional s/ amparo ley 16.986. 01/06/2000).

Recordemos algunos de estos Tratados:

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Art. 11.- Derecho a la preservación de la salud y al bienestar:
Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

- Declaración Universal de Derechos Humanos
Art. 25. 1. "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…"

L. 23313 - Pactos Internacionales Derechos Económicos, Sociales...
Art. 2.- 1) Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
Art. 11.- 1) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
2) Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

Declaración Universal de Derechos Humanos
Art. 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

L. 23054 - Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica. Aprobación
Art.1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Art.2.
Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Art.5.Derecho a la Integridad Personal 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral

" La reforma constitucional de 1994 ha incorporado con "jerarquía constitucional", y como complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la primera parte de nuestra Carta Magna, a los derechos consagrados en los tratados internacionales que menciona el artículo 75, inciso 22, en las condiciones de su vigencia (tal como el tratado efectivamente rige en el ámbito internacional, o sea, conforme el mismo obliga a nuestro país ante el resto de las naciones, con las reservas y declaraciones interpretativas que se hubieren formulado), lo cual ha significado ubicar a aquéllos en el nivel más alto de nuestro sistema jurídico, integrando el "higher Law" argentino y ejerciendo un efecto de irradiación sobre todas las normas positivas, al pasar los mismos a formar parte del "sistema material de valores" iusfundamental, toda vez que, por otro lado, la incorporación de tales instrumentos ha significado que el propio Estado ha quedado internacionalmente obligado a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales los apliquen a los supuestos que ellos contemplen, asumiendo igualmente el compromiso de respetar los derechos reconocidos en aquéllos, y de garantizar el libre y pleno ejercicio de los mismos a través de la adopción de las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos, medidas éstas entre las cuales deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales. ((Doctrina: Barra, Rodolfo: "Obra de la Convención Nacional Constituyente, 1994", Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, Ministerio de Justicia de la Nación, La Ley, Bs.As. 1997 T V p 5194; Bidart Campos, Germán: "Manual de la Constitución Reformada", T I p 348, EDIAR, 1998). Citas: CSJN, causas "Gabrielli", del 5 de julio de 1996; "Chocobar", del 27 de diciembre de 1996; "Giroldi", del 7 de abril de 1995; "Ekmekdji n", julio 7, 1992, cons. 20 y 22). Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27/12/00

Ha dicho el máximo tribunal de nuestra Nación:
" Para ejercer el derecho subjetivo a la salud es necesario realizar una actividad conducente a fin de completar y coadyuvar a que el Estado brinde las posibilidades que asumió en los numerosos compromisos en materia de derechos humanos al incorporar en la última reforma constitucional un importante grupo de tratados enumerados en el art. 75 inc. 22". (Autos: Hospital Británico de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social). 13/03/2001)

Por lo expuesto, creemos que el derecho a la salud, que es lo que tienden a proteger las resoluciones del INV y la ley de vinos, no puede ser puesta en peligro por un Tratado cuya jerarquía si bien es supralegal, no está por encima de la norma Constitucional.

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