Fuente: COFRADIA CONCURSALISTA

VERIFICACIÓN DE CRÉDITO LOCAL NO BANCARIO COMPULSIVAMENTE PESIFICADO (art. 11 Ley 25.561 y art. 8 Decreto 214/02)


E. Daniel TRUFFAT

INTRODUCCIÓN.

Detrás de su aparente sencillez el mecanismo verificatorio encubre un sinfín de posibilidades de debate respecto del crédito concursal cuyo reconocimiento como "concurrente" se persigue.

Cerrada la vía de la acción individual (salvo que se la transmute por elección del sedicente acreedor en "juicio continuado" -arg art. 21, inc. 1 LC y Q ), y obviamente suspendida la posibilidad de ejecuciones; el pretenso accipiens debe contar con un trámite suficiente para hacer valer sus derechos, en orden al reconocimiento de la calidad de acreedor concurrente.

Así pues, y más allá de las limitaciones temporales y probatorias del pedido de verificación tempestiva (agravadas por la poco feliz sustitución del "incidente de impugnación" de la ley 19.551 por las "impugnaciones-observaciones" del art. 34 LC y Q ; cuando lo sensato hubiera sido sumar ambas instancias ); lo cierto que el acreedor , o los otros acreedores o el propio deudor cuentan con un eventual juicio de conocimiento pleno (el incidente de revisión ). Es bueno aclarar que cuanto se predica sobre la amplitud del debate no aparece referido solo al pretensor de verificación sino también a quienes la resisten -ya sea el deudor, ya sean otros presuntos coacreedores-. En esta línea he señalado en alguna ocasión anterior que el trámite verificatorio también funge, en su caso, como un juicio ordinario posterior (con la ventaja de no ser aplicable al caso la excepción de cumplimiento de la condena ejecutiva). Obviamente en vía verificatoria el debitoris u otros coacreedores cuentan con absoluta amplitud de defensa -pudiendo proponer nulidades, excepciones, prescripciones, incluso en algún caso, he visto que el deudor aprovechó la instancia verificatoria para introducir -como parte de su impugnación- una redargución de falsedad.

El tema se complica aún más frente a la facultad del funcionario concursal de desaconsejar el crédito en mérito a cuestionamientos propios. La ley habla con escasa precisión de "el crédito o el privilegio no observados por el síndico" en el art. 36, inc. 1. Esto y decir que la Sindicatura también puede "observar" (recitus: desaconsejar) "per se", es lo mismo .

Hace ya muchos años que apunté lo incorrecto de privar a los acreedores y al deudor de la posibilidad de impugnar las opiniones sindicales (fueran favorables o descalificadoras de una cierta acreencia) . Ello será tan de lamentar en el caso que nos ocupa como lo es respecto de cualquier verificación.


LA CUESTIÓN EN ANÁLISIS

El extenso prolegómeno que antecede ha tocado tangencialmente la cuestión sobre la cual versa este trabajo y que aquí cabe especificar: la suficiencia del mecanismo verificatorio para discutir la procedencia -o no- de algún modo de "recomposición" de la acreencia originariamente en dólares u otra divisa; oportunamente pesificada por la ley 25.561 y por el decreto 214/02. O si la verificación tempetiva es ámbito razonable para cuestionar la constitucionalidad de tales dispositivos.

En el caótico magma de leyes, decretos, resoluciones, circulares y afines que ha rodeado el abandono del régimen de convertibilidad previsto por ley 23928 resulta indispensable aclarar a qué obligaciones se refiere este trabajo.

Empiezo por señalar que el mismo no versa sobre las obligaciones con el sistema financiero. No es que estas no sean trascendentes (muy por el contrario es probable que las mismas sean las más importantes en la composición del pasivo concursal). Sin embargo las mismas tienen un régimen especial de "pesificación", cuyo correlato es la pesificación forzosa y reprogramación de los depósitos judiciales y la creación de un bono o título de deuda pública para compensar a las entidades finacieras el "descalce" entre aquello que deberán pagar y lo que les corresponde cobrar. Esto, y el sometimiento formal de las entidades financieras al organismo de superintendencia (lo que no les impide hacer "lobby" sobre las autoridades para que las órdenes del superintendente se ajusten a lo ellas quieren hacer) me lleva a suponer que serán pocas, eventualmente: ninguna, las ocasiones en que al verificar una entidad financiera objete la pesificación compulsiva de su acreencia.

Por tener un régimen particular merecedor de un trabajo específico, también se excluye del presente lo relativo a operaciones de comercio exterior -fueran "importaciones" o "exportaciones"- y los negocios financieros que giran en derredor de las mismas (ej: prefinanciaciones y posfinanciaciones)

La hipótesis a considerar es el supuesto de acreedor por operación local cuyo crédito es de causa anterior al 6 de enero del corriente año en divisa extranjera y cuyo deudor se presentó en concurso preventivo. El tema se complica un poco más cuando la presentación ya había ocurrido algunos días antes y la pesificación compulsiva se dio estando "in itinere" el trámite verificatorio tempestivo.

Se verá, sin embargo, que el tópico (que en abstracto puede parecer, y es, de enorme complejidad) no será tan terrible -en cuanto atañe a los derechos del accipiens-; o que al menos le queda algún ámbito de discusión.

No puedo silenciar que el universo de obligaciones sobre la que versa este trabajo tiene un alto grado de indefinición (aún luego de su acotamiento a las acreencias "locales no bancarias").

Me explico: la ley 25.561 (art. 11) -transcripto en nota a pie de página- prescribe un mecanismo de cancelación (según paridad "uno a uno") de "...las prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación de la presente ley, originadas en contratos celebrados entre particulares, sometidos a normas de derecho privado, pactados en dólares u otra moneda extranjera..."

El decreto 214/02 (art. 1) por su parte transforma "a PESOS" "...todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS"

Es llamativo definir un universo obligacional desde el "objeto" -dado que la ley 25.561 no menciona a las "obligaciones" sino a las "prestaciones"-, pero el "corte temporal" sugerido por el citado artículo es más sorprendente aún. Qué quiere decir "...las prestaciones exigibles desde la fecha de promulgación de la presente ley..."? Acaso que la "pesificación" no alcanza a las obligaciones vencidas "antes" del 6 de enero de 2002?
"Exigible" significa que "...puede o debe exigirse..." y "exigir" es "cobrar, percibir, sacar de uno por autoridad pública dinero u otra cosa...". Ahora bien las obligaciones exigibles (por ejemplo) el 7 de enero de 2002 se integran con todas aquellas que así lo resultaron a partir de tal fecha, y las que ya lo eran con antelación a la misma. La frase "desde la fecha de promulgación de la presente" no parece muy feliz pues sugeriría un acotamiento temporal, en el sentido que la norma solo sería aplicable al primer subuniverso (es decir: a las obligaciones exigibles "desde" el día de entrada en vigencia de la ley y no otras).

Esta interpretación, que se ajusta a las palabras de la ley, no resiste la comparación con parámetros finalistas. Es difícil determinar que es que lo que la ley pretendió prescribir, pero va de suyo que una lectura teleológica (asistida, como se explica más abajo, por las normas complementarias o aclaratorias habidas luego) permite postular que lo pretendido era la "pesificación" de las obligaciones contractuales de derecho privado con cumplimiento pactado en divisa extranjera de "causa" anterior o concomitante a su entrada en vigencia.

Hubo de venir en auxilio de la télesis correcta el decreto 214/02 que, más allá de alguna inexplicable aclaración: "judiciales o extrajudiciales"- señaló con alguna mejor técnica que la "pesificación" se refería a "..todas las obligaciones de dar sumas de dinero,..., expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley 25.561...". No es que el decreto sea un dechado de claridad. Además de la mención a que el cumplimiento de la obligación estuviera -o no- reclamado en Justicia (aclaración ociosa si las hay), el legislador utilizó el verbo "transformar"cuando aquel que aconsejaba el uso era "convertir" y efectuó una redundante manifestación en el sentido de que ello no se aplicaba a aquellas obligaciones que se encontrasen "...ya convertidas..."

Vale la pena resaltar la ampliación del universo abarcado por el decreto pues mientras la ley 25.561 solo pesificó en su art. 11 obligaciones "convencionales", éste lo hizo con "...todas las obligaciones de dar sumas de dinero.." [es decir que las emergentes de acto ilícito o de la ley también quedaron abarcadas por el dispositivo].

El decreto 320/02, por su parte, sentó la primacía normativa de lo dispuesto en el decreto 214/02 sobre el texto primigenio de la ley 25.561 ("...Aclárase que las disposiciones contenidas en el Decreto Nro. 214 del 3 de febrero de 2002, son aplicables a todas las obligaciones en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras, reestructuradas por la Ley 25.561, a la relación UN PESO ($1) = UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1). Y el decreto 410/02 aclaró que obligaciones no se encuentran incluídas en la conversión a pesos dispuesta en el art. 1 del decreto 214/02 [en lo que importa a los fines de este trabajo "...las financiaciones vinculadas al comercio exterior.... (art. 1, inc. "a") y "...las obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera...")

Puede entenderse, al menos provisoriamente, que las "obligaciones" que aquí se analizan son aquellas de causa anterior -o concomitante- al 6 de enero de 2002 sin importar si ya eran exigibles a esa fecha. Tampoco interesa si se trata de obligación convencional o proveniente de responsabilidad por acto ilícito. Lo único requerible es que no se trate de operación habida con el sistema financiero y que la moneda de pago prevista fuera una divisa extranjera.

LA PESIFICACIÓN " UNO A UNO" Y SU EVENTUAL MODIFICACIÓN.

En principio el crédito en cuestión quedó "pesificado" por acto del príncipe y conforme la relación "un peso = un dólar". Esto no es tan así porque el art. 11 de la ley 25.561 prevé que los pagos habidos según tal tasa se computarían "a cuenta" y que quedaría abierto un mecanismo judicial de recomposición cuya meta última era la distribución del sacrificio . Y el propio Decreto 214/02, que se pretende reglamentario de la ley recién citada pero que, según ya se vió -en alguna medida- la modifica , establece la pesificación definitiva según la relación antedicha, pero dejando abierta una tenue puerta de recomposición (art. 8) . Es bueno señalar que la conjunción de ambas normas deja sólidas dudas sobre si el decreto de necesidad y urgencia precitado (no se autodenominó así, pero lo fue) comportó sustituir la idea del sacrificio compartido o si, simplemente, aditó un nuevo medio de alzamiento -medio que, a la postre, transita las aguas del viejo instituto del "desplazamiento patrimonial incausado" o "enriquecimiento sin causa" e, incluso, de la lesión enorme -

Lo antedicho en la medida en que el accipiens acepte la pesificación y solo se agravie del tipo de cambio por no contemplar una equitativa distribución del sacrificio o por la disparidad entre el mayor valor obtenido por el bien entregado a cambio y el dinero teóricamente a percibir por él. Pero podría ser que el acreedor suba la apuesta y lisa y llanamente cuestione la constitucionalidad de la ley y decreto citados; sosteniendo su derecho a percibir en la moneda en que libremente pactó (en el caso en análisis: "a verificar" en tal moneda).

En cualquiera de ambas posiciones el pedido de verificación deberá portar ya la pretensión de recomposición, ya el acuse de inconstitucionalidad.

LA (in)SUFICIENCIA DE LA VERIFICACIÓN TEMPESTIVA PARA RESOLVER LA CUESTIÓN. DIFERIMIENTO AL INCIDENTE DE REVISIÓN.

Puede el Juez, en la instancia tempestiva, ingresar en tal debate? Quiero ser particularmente preciso sobre el punto: es evidente que si la cuestión ha sido introducida por interesado legítimo e integra el "thema decidendum" es obvio que el Magistrado ha ingresado en ella. El verdadero alcance de la pregunta efectuada en el párrafo anterior, sería si en la etapa restringida que culmina con el "auto general verificatorio", existe la posibilidad que el Tribunal dicte resolución dirimente sobre la cuestión (ulteriormente revisable) o si, como parece sugerir la experiencia diaria, se trata de tema que se diferirá para juicio de conocimiento pleno?

Sospecho que la respuesta acertada es la segunda. Que todas las cuestiones referidas "supra" sean proponibles en la instancia tempestiva, no quiere decir que el acotado ámbito material de las mismas permitan llevar a un pronunciamiento expreso sobre ellas. En el caso de acuse de inconstitucionalidad -por ejemplo- resultaría necesario oir al Ministerio Público, instancia cuya participación previa a un auto general verificatorio resultaría, como mínimo, llamativa. Acreditar la necesidad de sacrificio compartido o enriquecimiento sin causa parece requerir un debate y un ámbito probatorio que excede la instancia tempestiva . Esto no significa que en aquel caso que ello resulte absolutamente patente, puede ser que algún Magistrado dirima en el auto verificatorio la procedencia de un tipo de cambio "recompuesto" .

Así las cosas me inclino a sostener (con la sospecha que esa será la solución práctica a que arribarán la inmensa mayoría de los jueces) que tales cuestiones deberán diferirse al amplio debate de la revisión (LC y Q:37). Quien pretendiera ingresar tardíamente a través del incidente del art. 56 LC y Q sí podrá proponer, y discutir, todo lo señalado en dicho juicio de conocimiento pleno.

Si bien improponible en el caso de quiebras -y en la línea de la normativa citada- acaso el Tribunal podría intentar en los incidentes en concurso preventivo que se llegue a una autocomposición. Incluso, suspendiendo el trámite y enviando el tema al cuerpo de mediadores

Para el accipiens que quedó atrapado en este debate cuando ya había vencido el término para pedir verificación, y que se topó con un dictamen (y eventualmente con un auto general verificatorio) en el cual a su acreencia se la "pesificaban" a la fuerza; la única vía será el incidente de revisión -en este caso contra las "observaciones" del órgano sindical. La cuestión es muy compleja porque esta hipótesis no se configuraría con una aplicación literal de la ley 25.561 . Véase que el si sedicente acreedor pidió "verificación" antes de la pesificación compulsiva es porque el crédito resultaba exigible o porque podría reputárselo tal por imperio del art. 128 LC y Q (ya sea que se tratara de una quiebra o que lo aplicara analógicamente al concurso preventivo) "antes" de la entrada en vigencia de la ley 25.561. Y si el crédito estaba vencido al 6.01.02 no sería aplicable lo dispuesto por dicha normativa. Sin embargo, y partiendo de la base que la cuestión ha quedado modificada por el art. 1 del decreto 214/02 -y agregando que aún sin ese dispositivo la finalidad de la ley nunca pudo perseguir el corte temporal que preven sus palabras- la situación del acreedor referido más arriba no se diferenciaría de la de aquel cuyo crédito se tornó exigible a posteriori del 6 de enero de 2002 [dado que lo realmente relevante es que, en ambos supuestos, la obligación sea de causa "anterior o concomitante" a dicha fecha].

Siguiendo con el análisis del supuesto referido "supra" podría ocurrir que el Síndico no haya formulado observación alguna sino aplicado el nuevo régimen legal . Así se podría dar alguna desprolijidad conceptual pues al no mediar dictamen desfavorable expreso, podría ser que el Tribunal se limite a "verificar" el crédito en pesos.

La "verificación" hace cosa juzgada y solo es atacable por dolo (LC y Q: 38). Sin embargo en el caso antedicho habría -o podría haber, pues no es de descartar teóricamente que el accipiens se conformara pacíficamente con la pesificación "1 a 1"- una "inadmisibilidad" implícita.

Aquí los Jueces deberán ser flexibles y pronunciar aclaratorias o resoluciones complementarias de inadmisibilidad, si le fueran requeridas por los pretensos acreedores, de tal suerte de habilitar la revisibilidad de la decisión. Es obvio que los veinte días del art. 37 deberán correr desde que tal aclaración o complemento hubieran sido pronunciados.

Conforme una jurisprudencia novedosa que personalmente no comparto (y que relativiza el valor de cosa juzgada de la decisión no revisada oportunamente) podría ser que algunos Magistrados admitan que la cuestión ingrese a sus Estrados a través de una suerte de "verificación tardía" .

Me parece una pésima opción pues no tiene la enorme ventaja que da el término de caducidad del art. 37 -la certeza en orden a la determinación del pasivo es una de la finalidades implícitas del sistema concursal-.

Claro que podría preguntarse hasta qué fecha tiene el accipiens afectado por una verificación que en realidad porta una inamisibilidad para pretender tal aclaración. La respuesta no es sencilla. Se podría estar al plazo procesal para pedir aclaratoria (según el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: tres días), pero parece una solución demasiado estricta.

Creo que quizá fuera mas razonable postular como "dies ad quem" para requerir la aclaración o el pronunciamiento complementario, el plazo para revisar. Si en ese lapso se pidiera la aclaración o complemento debería habilitarse un nuevo término de veinte días según lo señalado "supra" (término que por tratarse de decisión no prevista en la ley no podría computarse desde su dictado sino desde que quedó anoticiada "ministerio legis" al pretenso acreedor, a los demás acreedores y al deudor).

Se podría argumentar en contra esta interpretación señalando que es disvaliosa por la demora que irrogaría en todo el trámite, traccionando "hacia adelante" las fechas. Pero ante el llamativo alongamiento de plazos emergente de la ley 25.563 me parece que estos días adicionales -en interés del acreedor- es lo menos que se le puede conceder .

Adviértase que quien no reaccionó contra la verificación que tomó la pesificación "uno a uno", en el término legal para revisar, estaría generando una fuerte presunción de sometimiento al pronunciamiento implícito.

Se podría postular que la cuestión también debe ser analizada respecto de quienes -habiendo sido verificados en moneda extranjera- estuvieran en pleno período de exclusividad. No comparto tal necesidad. Dichos acreedores fueron verificados en "su" moneda y la conversión "uno a uno" solo se hizo a los fines del cómputo (art. 19), cuestión ya precluída. El tipo de cambio que aplicará para pagarles en pesos el debitoris, o la moneda en que lo hará, es cuestión de la que éste deberá ocuparse en la propuesta; y lo que en ella se decida -si fuera aprobada por mayorías de ley y homologado por el Juez- resultará vinculante para el acreedor.

Aquí se abre, sin embargo, un amplísimo cauce de debate [que no desarrollaré en el presente trabajo] si llegada su hora el concurso fracasare. No habiendo homologación la "conversión" del art. 19 no tendrá sentido. Pero el acreedor habrá quedado pesificado en firme al 6 de enero de 2002 (conf decreto 214/02: 1). Cómo hará este acreedor para requerir "recomposición" si entendiera que le corresponde?

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA PROPOSICIÓN DEL TEMA

Si el concurso llega a "buen fin" y los términos del concordato homologado solventan (o pueden solventar) el problema: qué sentido tiene esta discusión?

La tiene y ya se verá por qué.

El deudor concursado puede ofrecer pagar en la moneda que él entienda pertinente. Ha sido muy común en concordatos habidos bajo la vigencia de la ley 24.522 (en su versión original anterior al 14 de febrero de 2002) que el deudor especificara que proponía cancelar su pasivo en "pesos" y que tratándose de obligaciones originariamente contraídas en otra moneda debía aplicarse el tipo de cambio utilizado por la Sindicatura en su informe art. 35 LC y Q.
Malicio que a la luz (¿a la luz?) de la debacle cambiaria que padece la República los deudores insistirán en esa fórmula (y mucho más durante la vigencia de la ley 25.563 que -al suprimir el límite de quita del 40%- despeja cualquier riesgo de que el Tribunal entendiera que vía pesificación se estaba excediendo esa limitación).

Es bueno tener presente que toda esta temática solo se suscitará con obligaciones contraídas "antes" del 6 de enero de 2002, pero pendientes de cancelación a esa fecha o ulterior. Las obligaciones en moneda extranjera posteriores a dicha fecha están fuera del marco de la legislación de emergencia . Los Síndicos las convertirán al tipo de cambio del informe individual (arg art. 19 LC y Q) y así serán tenidas en cuenta para la votación. Luego el deudor verá en su propuesta si ofrece abonarlas en la moneda original o si las paga en pesos. Y en este caso el concordato deberá aclarar a qué tipo de cambio (si el del informe; si un cambio elegido arbitrariamente, si el que resulte vigente a la fecha de pago, etc.) .

Recuérdese que la temática en análisis se limita a las deudas locales en divisas (y, vuelvo a aclarar, contraídas respecto de sujeto que no es entidad financiera).

Y entonces: Si el acreedor anterior al 6 de enero de 2002 que ya hubiere verificado si le convirtió el crédito (a los fines del cómputo) a "un peso = un dólar" y el tipo de cambio a aplicar para el pago dependerá de la propuesta; y al acreedor anterior al 6 de enero de 2002 que verificare posteriormente a esa fecha también se le convirtió el crédito (a los fines del cómputo) a "un peso = un dólar" y el tipo de cambio a aplicar también dependerá de la propuesta; qué sentido tiene todo lo dicho más arriba sobre la eventual adecuación del tipo de cambio en función del art. 11 ley 25.561 o del art. 8 del decreto 214/02? O sobre la eventual conversión del crédito a tipo que fija el mercado libre, en caso de postularse la inconstitucionalidad de dichas normas?

Es evidente que en el terreno del concurso preventivo exitoso la cuestión no tendrá mayores implicaciones (salvo que el concordato previera que el pago a tales acreedores se efectuara al tipo de cambio tomado en cuenta por la Sindicatura en su informe art. 35 LC y Q ) y el Tribunal entendiera que tal monto debía integrarse con la "adecuación" emergente del sacrificio compartido, o -por considerar inconstitucional los dispositivos legales en juego- entendiera que el cambio a considerar era el del mercado libre). Esta hipótesis sólo puede darse para concursos en que el informe individual se hubiera presentado "después" de la entrada en vigencia de la ley 25.561. En los anteriores la Sindicatura habría efectuado la conversión en los términos de la ley 23928 (es decir: "uno a uno"). Cabe postular que si esta interpretación fuera compartida, los concursados harán lo mejor de sí para que su propuesta de pago tenga -respecto de los acreedores en divisas anteriores al 6 de enero- cualquier hipótesis de "cambio" menos la aquí señalada.

Pero el tema de la "recomposición" del crédito pactado en moneda en extranjera será por el contrario de máxima trascendencia en los casos de quiebra. Va de suyo que así ocurrirá y se planteará "ab initio" cuando la verificación fuera la del art. 200 LC y Q.

El problema no puede ser desatendido por el acreedor en supuesto de concurso preventivo. Obtenidas las mayorías y homologado el acuerdo la deuda quedará novada (LC y Q: 55) y la moneda habrá mutado definitivamente si así lo previó el acuerdo. Pero, cómo saber si el concurso llegará a su homologación? Mas de un acreedor diligente con deuda originariamente pactada en divisas planteará la cuestión y discutirá la misma aunque solo fuera para cubrir la hipótesis que el concurso preventivo termine en quiebra por no haberse reunido las mayorías de ley.

Podemos esperar, como también ocurrirá con estos créditos cuando no medie concursamiento del deudor, largos y enojosos debates en sede judicial.

CER O NO CER.

La ley 25.561 derogó el "nucleo" de la ley de convertibilidad Nro. 23.928. Sin embargo el art. 4 de la primera de las citadas incorporó un artículo 10 a la segunda que, con tragicómica redacción, dice: "...Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1 de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aún a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna causal legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponde pagar.."

Ergo, no hay modo alguno de "repotenciación" o "actualización".

El decreto 214/02 por su parte -en el art. 4- prevé respecto de las "deudas" del art. 11, entre otros supuestos, que se aplicará un "...Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA..." [el CER que titula este apartado]. Y aunque el art. 5 del mismo decreto afirma que "...Lo dispuesto en el Artículo precedente, no deroga lo establecido en los Artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 en la redacción establecida por el Artículo 4 de la Ley 25.561..." es bien sabido de qué animalito se habla cuando este tiene cola de león, patas de león, melena de león y, por si fuera poco, ruge .

Como el art. 6 del decreto solo trae previsiones respecto de las deudas "..comprendidas en el artículo 3..." y aquellas que se analizan en este trabajo son las del art. 8 no se sabe muy bien como jugará el CER. Eventualmente podría reputarselo como el mecanismo de "recomposición" que traen el art. 11 de la ley 25.561 y el mismo art. 8 del decreto 214/02; pero ello en tanto y en cuanto el propio accipiens entienda que el índice de marras resulta suficiente para evitar el enriquecimiento incausado o la lesión enorme.

COLOFON.

En conclusión:
(a) El mecanismo verificatorio tempestivo es plenamente apto para que se planteen eventuales pedidos de recomposición, e incluso acuses de inconstitucionalidad, por acreedor de obligación local no bancaria pesificada "por acto del príncipe" a través de la ley 25.561 y el decreto 214/02 y ccdtes;
(b) Sin embargo, y salvo supuestos en que ello resulte de claridad meridiana, puede postularse que habitualmente la cuestión se diferirá a la vía del art. 37 LC y Q (con lo cual las citadas acreencias quedarán, a los fines del cómputo, pesificadas en la relación "1 a 1");
(c) En el caso de concurso preventivo la proposición de tales cuestiones podría ser superada por los términos de la propuesta concordataria (donde se previera el pago en "pesos" de lo adeudado, con algún tipo de cambio establecido por el deudor proponente);
(d) En el caso de quiebra la cuestión es particularmente importante; dado que en su mérito podría variar el "dividendo de liquidación" que le corresponda al acreedor referido en este trabajo. Esto sustenta la necesidad de idéntico planteo durante el trámite preventivo (pues el accipiens ignora si el mismo llegará a buen fin).

(Prevista su publicación en J.A., Suplemento concursos, mes de julio de 2002)

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